El Código Penal venezolano prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta (aborto terapéutico) y sólo disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa). Así, Venezuela exhibe uno de los marcos legales más restrictivos de América Latina y el Caribe en materia de aborto; sin embargo, ello no erradica su práctica, pero contribuye al alto subregistro y al desconocimiento del impacto real en la morbilidad y mortalidad de las mujeres en el país.